La Unión Europea ultima una propuesta más restrictiva y menos humana.
Estos últimos tres meses con la crisis del coronavirus la situación de las personas refugiadas y la inmigración a Europa ha quedado completamente aislada del conocimiento público. Sin embargo, ocultar la realidad no la hará desaparecer. Los migrantes y refugiados son los más afectados por la pandemia y, aun así, dependen esencialmente de las ayudas proporcionadas por las organizaciones humanitarias y agencias especializadas. La Unión Europea ha centralizado sus esfuerzos en un plan de ayuda a los Estados miembros para hacer frente a los daños humanitarios y económicos generados por el Covid-19 y, preocupantemente, ha traído consigo la propuesta de un nuevo acuerdo sobre asilo e inmigración más restrictivo y menos solidario y humano.
La primera medida del pacto se basa en reforzar la vigilancia en las fronteras de la Unión a través de la capacitación humana de Frontex. La agencia europea de fronteras que en 2015 servía de centro de apoyo administrativo a las autoridades nacionales, se compone ahora de su propio cuerpo policial con hasta 10.000 agentes y planea hacerse con material de vigilancia terrestre, marítima y aérea. Pero, ¿es realmente necesario crear una fuerza de seguridad para afrontar los retos que presenta la inmigración en Europa? Los patrones migratorios demuestran que sólo una mínima parte de los migrantes mundiales acuden a Europa, en comparación con la migración intra-continental[1] en África, Asia y Oriente Medio. También debemos recordar que a lo que se enfrenta Europa no son armadas enemigas, sino mujeres, hombres, niñas y niños vulnerables e indefensos.
El blindaje de las fronteras va acompañado de un sistema de acción urgente, es decir, el despliegue de fuerzas europeas a petición del Estado miembro que se vea amenazado por fuertes flujos repentinos de migrantes. Una muestra de lo que supondría esta medida se dio poco antes de la pandemia en la frontera Greco-turca, teniendo como resultado la pérdida de vidas y la detención ilegal de las personas refugiadas, títeres de las políticas vengativas entre Europa y Turquía. A día de hoy, estas fuerzas siguen en terreno pese a no ser necesarias. Volvemos a preguntar ¿son las personas refugiadas y migrantes una amenaza de la que hay que protegerse por la fuerza? La respuesta es no.
Una tercera medida es el aumento de las expulsiones de migrantes irregulares y la reducción del periodo entre las órdenes de expulsión y ejecución, además de ampliar el número de países que aceptan retornos. El aumento de las expulsiones y su aceleración supone una gran vulneración de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes, pues dificulta la evaluación adecuada de todos los riesgos que supone la devolución y reducen la posibilidad de estas personas a disponer de un recurso efectivo. Esto también dará lugar al incremento de las detenciones, las cuales suelen durar tanto como requieran los procedimientos de asilo y apelación. Por tanto, toda iniciativa que reduzca el acceso a un procedimiento justo y eficiente, ha de ser rechazada.
En último lugar, aunque la Unión Europea pide un esfuerzo de “solidaridad obligatoria”, el pacto parece reforzar, más que reequilibrar, las responsabilidades desproporcionadas de los países de la periferia. Bruselas ha descartado recuperar las cuotas obligatorias de reparto de refugiados que tanta polémica despertaron, pero que aliviaban la gran presión a la que estaban sometidos los Estados fronterizos para satisfacer las demandas de los miembros del Este. Para visualizar la amplia diferencia de responsabilidad, mientras que en 2019 el ratio de reconocimiento de solicitudes de asilo en España fue de 820 por millón de habitantes, en Hungría fue de 5 según Eurostat. Sin embargo, existirán otro tipo de colaboraciones como la aportación de recursos humanos o materiales, programas de ayuda a otros países, etc.
Aun así, estas contribuciones no evitarán la necesidad de crear y gestionar grandes prisiones y campos de refugiados en las fronteras, desencadenando una crisis humanitaria muy similar a 2015 y una inmensa carga económica para los países de origen. En perspectiva, la UE está dando un paso atrás en momentos cuando la clave está cumplir lo establecido y no la reforma (a excepción del Reglamento de Dublín III[2]). Es necesario abordar urgentemente la falta de servicios de acogida adecuados, los obstáculos de registro, la falta de garantías y, más importante, poner fin a la práctica de los srechazos en las fronteras y las devoluciones en caliente. El pacto debería incluir un aumento de los canales seguros y legales para que las personas que huyen de la guerra y las inseguridades puedan llegar a Europa de forma regular, con acceso a todos los procedimientos y sin arriesgarse a ser víctimas de redes de tráfico.
Este nuevo acuerdo es una oportunidad para mejorar los sistemas de asilo europeos y consolidar el compromiso de la UE con el Pacto Mundial sobre Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Si la Unión Europea continúa ignorando la necesidad de una política de inmigración y asilo inclusiva, basada en el respeto de los derechos humanos y fundamentada en la solidaridad de sus miembros, estaremos lejos de alcanzar el propósito global de una Europa unida, justa, libre y fuerte.
Autora: María Almela Gambin
Notas de pie:
[1] El término “migración intra-continental” hace referencia a los movimientos de personas dentro de un mismo continente, en contraposición a “intercontinental” o entre continentes.
[2] El Reglamento de Dublín III tiene como objetivo determinar de forma rápida y a partir de unos criterios pre-establecidos qué estado es responsable de examinar cada solicitud de asilo a través de tres principios básicos: 1) los solicitantes tienen sólo una oportunidad y, en caso de respuesta negativa, ésta es reconocida por todos los Estados; 2) son los criterios de distribución y no la preferencia de los propios solicitantes los que determinan qué Estado debe hacerse responsable; y 3) los solicitantes pueden ser «transferidos» al Estado que les haya sido asignado. Sin embargo, el sistema no funciona equitativamente, eficientemente y vulnera los derechos de los refugiados puesto que el examen justo y eficiente no está garantizado en todos los estados y los criterios de asignación de responsabilidad se aplican de forma muy dispar.
Comentarios Recientes