Mali es un país situado al noroeste de África que cuenta con una extensión de 1.240.192 km2, 19.553.397 habitantes y más de diez etnias repartidas por todo el territorio. Sin embargo, el país no es especialmente conocido por estos datos, sino por el conflicto tuareg y la inestabilidad que reinan entre sus fronteras desde hace más de seis décadas. En concreto, desde la década de los 60, año en el cual se produjo la primera rebelión tuareg y el primer golpe de Estado (1962 y 1968). A partir de ese momento, la situación se deterioró enormemente; a esos acontecimientos le siguieron otros cuatro golpes de Estado (en 1991, 2012 y 2020) y tres rebeliones (en 1990, 2006, 2012, 2020).

Pero ¿qué ha producido estos trágicos acontecimientos? En resumidas palabras, la raíz del conflicto se remonta a la Conferencia de Berlín (1884-1885) donde las potencias europeas dieron el nombre de Sudán Francés a la unión de diferentes territorios con pueblos dispares entre sí, en cuanto a cultura y desarrollo. Posteriormente, la independencia del Sudán Francés (actualmente Mali) el 22 de septiembre de 1960 se llevó a cabo sin la aprobación del derecho de autodeterminación del resto de etnias. Es por ello que a día de hoy los tuaregs se consideran ajenos al resto de la población maliense y reclaman su independencia.

En cuanto a los reiterados golpes de Estado, estos están sumamente arraigados al sistema colonial que las potencias europeas dejaron como legado, tanto en Mali como en el resto de África. A estos factores hay que sumar la entrada de grupos yihadistas en el norte de Mali, la escasez de servicios básicos y la mala gobernanza. Para más información sobre la situación en Mali ver: Panorama geopolítico de los confitos de 2017 del IEEE.

Dicho esto, un informe realizado por la Comisión Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establecida en Mali concluyó que durante los años comprendidos entre 2012 y 2018 se registraron numerosos actos catalogados como crímenes de guerra y lesa humanidad. Estos fueron cometidos por las fuerzas de seguridad de Mali, los independentistas tuareg y los grupos yihadistas.

En el informe se denuncia a las fuerzas de seguridad y defensa de Mali por cometer crímenes de guerra, en concreto, actos de violencia contra los civiles, destacando la ejecución de 16 predicadores de origen mauritana y maliense entre el 8 y 9 de septiembre de 2012. Estos aseguraban dirigirse a Bamako, capital de Mali, para asistir a un seminario religioso. Sin embargo, fueron tachados de afiliados a grupos terroristas y ejecutados. Miembros de la etnia tuareg y árabes fueron también víctimas de estos ataques generalizados con el pretexto de pertenecer a grupos yihadistas. Otro presunto crimen fue cometido en mayo de 2017 durante la operación Barkhane, en la cual los soldados malienses debían patrullar las aldeas fronterizas a Burkina Faso. Durante estas patrullas, varios fulanis fueron detenidos por las fuerzas malienses, golpeados y amenazados con la muerte si no admitían pertenecer a grupos yihadistas. En este sentido, los grupos tuareg signatarios del acuerdo de paz, el MNLA, son asimismo acusados de crímenes de guerra.

Del mismo modo, los expertos de la ONU denunciaron los actos de violencia sexual, asesinatos, mutilaciones, ataque a los cascos azules de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) y toma de rehenes perpetrados por los grupos yihadistas considerados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Estos actos se materializan en un ataque orquestado por yihadistas vinculados Al Qaeda en enero de 2012, en la frontera norte con Argelia, donde más de 100 soldados murieron, muchos de los cuales fueron asesinados a pesar de haberse rendido. Entre otros actos atroces se encuentra la violación de 17 mujeres por miembros de Al Qaeda en el Magreb Islámico. En cuanto a los grupos de autodefensa, el 17 de junio de 2017, Dan Nan Ambassagou llevó a cabo una masacre contra la etnia peul por la muerte de uno de sus integrantes. Al menos 135 peuls, incluidos niños, fueron asesinados.

Estos crímenes han sido condenados por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch. Por su parte, la Corte Penal Internacional se pronunció en septiembre de 2019 anunciando efectivamente la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra imputados a Al Hassan Ag Abdoul, ex jefe de la policía islámica de Mali. Se presume que este es miembro del grupo Ansar Dine, vinculado a Al-Qaeda. Ag Abdoul es acusado por actos de tortura, inhumanos, persecución por motivos religiosos, esclavitud sexual y atentados contra la dignidad personal. Durante 2012 y 2013 Tombuctú estuvo bajo control de facto por los yihadistas de AQMI con Ag Abdoul al frente. Bajo su mandado se llevaron a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población.

Aunque el proceso para enjuiciar a muchos otros responsables por las atrocidades que han cometido es lento (dado el complejo mecanismo que la CPI sigue), el hecho de que las investigaciones se hayan iniciado ya desde 2015 es un paso más que plausible. En este sentido, es interesante destacar el caso de Ahmad al Faqi al Mahdi, condenado a nueve años de cárcel por la destrucción de patrimonio cultural protegido por la UNESCO en Mali. No obstante, no debemos olvidar que Mali aún se encuentra sumida en el caos y la inestabilidad, donde cada día se producen nuevos ataques a civiles o al personal de MINUSMA.

Dicho esto, y para concluir, destacar que el informe realizado por la Comisión ha sido ya presentado al Consejo de Seguridad de la ONU por el secretario general, Antonio Guterres. Ante esto, el Consejo tendrá que tomar las medidas que considere necesarias, entre las cuales se contempla presentar dicho caso a la Fiscalía de la CPI para agilizar el proceso.

 

 

Autor: Elena Andrea Agapescu

Autor de la imagen: Jordy Meow en Unsplash 

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