La situación de las personas refugiadas y migrantes con discapacidad pasa desapercibida ante la mayoría de la población, inclusive de los discursos internacionales en materia de respeto y promoción por los derechos humanos de las personas. Esto se debe, esencialmente, a que la discapacidad en sí misma no es un tema sobre el cual se dialogue en sociedad o que prime en las agendas políticas, pues lo que interesa, el epicentro social, es el ser humano “normal”, es decir, plenamente capaz y autosuficiente. Sin embargo, en las últimas décadas, organizaciones sociales, instituciones especializadas y activistas con discapacidad han comenzado a llamar la atención sobre este problema, instando por un mayor reconocimiento y protección de sus derechos más fundamentales.
En segundo lugar, podemos también achacarlo a que las personas refugiadas y migrantes con discapacidad son percibidas como una minoría entre las minorías y, por tanto, la situación de opresión y completa vulnerabilidad a la que se enfrentan parece no ser merecedora de soluciones urgentes. No obstante, la realidad es que, de los 42 millones de personas desplazadas, se estima que 4 millones son personas con alguna discapacidad. Esto supone que alrededor del 9,5% de la población migrante y refugiada vive en condiciones aún más degradantes y vulneradoras de los derechos humanos.
La discapacidad puede ser consecuencia, por un lado, de las consecuencias del desplazamiento forzado o, por otro lado, por su existencia previa. De cualquier modo, lo que es innegable es que las personas migrantes y refugiadas con discapacidad son marginadas, excluidas, y desatendidas en todos los aspectos de la asistencia humanitaria debido a las barreras físicas, ambientales y sociales que impiden el acceso a la información, servicios de salud y rehabilitación y la protección de sus derechos.
Además, por razones como el arresto arbitrario, el abandono, el secuestro o, incluso, la muerte de sus acompañantes, las personas refugiadas y migrantes con discapacidad se encuentran solas frente a los peligros del desplazamiento. Es por ello que son más vulnerables a la violencia física y sexual, la explotación, la trata de personas, el acoso, la discriminación y la exclusión del acceso a los medios de vida, una nacionalidad o servicios básicos. Sin embargo, como bien ha reconocido la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, “la escasez de datos sobre las personas con discapacidad sigue impidiendo una mejor comprensión de los riesgos a los que se enfrentan”.
La vulnerabilidad en las personas con discapacidad desplazadas no sólo se manifiesta en forma de lo anterior, sino también en un empeoramiento de su ‘discapacidad’. Según un informe realizado por Handicap International y HelpAge sobre las personas refugiadas sirias, “los problemas psicológicos en personas con discapacidad aumentan, de media, un 15% en la población refugiada”. Esto se debe particularmente a los diversos traumas, la inseguridad, la ausencia de relaciones sociales o la pérdida de las redes familiares. No obstante, también encontramos sus causas en la dificultad de acceso y la carencia de atención psicológica y médica suficiente y efectiva en los campos y centros de acogida, donde permanecen durante largos periodos de tiempo en condiciones humillantes.
Con demasiada frecuencia los Estados han abordado la migración únicamente desde la perspectiva de la soberanía nacional, la seguridad de las fronteras y la estricta aplicación de la ley, a veces movidos por las hostilidades. La protección de las fronteras no puede prevalecer, en cualquier caso, sobre el compromiso de respetar los derechos garantizados a todas las personas frente a abusos. La protección de los derechos humanos no es sólo una obligación, sino una cuestión de interés público, de humanidad. No obstante, los esfuerzos a nivel nacional han de ir acompañados por un marco normativo internacional que, hoy en día, es incompleto y, en consecuencia, inefectivo.
Si bien el Derecho internacional reconoce ampliamente la importancia de abordar las necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito de los derechos humanos y el desarrollo, históricamente se han ignorado los subgrupos en el contexto de la migración, como son las personas refugiadas. En esta misma línea, los mandatos internacionales sobre migraciones aún no han integrado directamente la dimensión de la discapacidad en el lenguaje normativo o en las acciones y medidas adoptadas. Dado que la atención a las cuestiones de la interseccionalidad ha aumentado exponencialmente en los últimos años, es fundamental mejorar el vínculo entre la discapacidad y la migración en el diálogo internacional.
Por todo lo anterior, los gobiernos y organizaciones no gubernamentales han de abordar los desafíos a los que se enfrentan los refugiados y migrantes con discapacidad. El primer paso ha de ser, incuestionablemente, la identificación y registro de estos millones de personas, prestando especial atención a quienes poseen dificultades para comunicar sus necesidades. Además de ello, se ha de facilitar el acceso a los servicios de salud adecuados y proveer de los recursos médicos requeridos en los campos de personas refugiadas y centros de acogida. No obstante, esto no será posible si las personas migrantes y refugiadas con discapacidad no son incluidas activamente en las políticas y programas pertinentes de manera accesible.
Una pronta respuesta a la inhumana realidad que viven diariamente las personas migrantes y refugiadas es, hoy en día, más que necesaria.
Autora: María Almela Gambín
Autor de la imagen: Josh Appel en Unsplash
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