El 8-M está ya a la vuelta de la esquina y desde Acampa Madrid queremos señalar una vez más la doble vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y migrantes. Como muchas veces hemos contado, las rutas migratorias conllevan grandes retos y peligros para aquellos que las recorren. Pero además, presentan riesgos específicos para las mujeres, como la violencia y explotación sexual, el trabajo forzado o incluso la trata de personas.
Actualmente, hay una gran presencia femenina en los movimientos migratorios. Respecto a España, el 46% de la población inmigrante lo componen mujeres, y representan un porcentaje similar en las personas extranjeras afiliadas a la Seguridad social (40%). Sin embargo, como indica el Ministerio de Igualdad, este grupo de población se concentra en ocupaciones como el trabajo doméstico o el cuidado a la dependencia. En los últimos años, quizá el caso que más ha llamado la atención es el de las mujeres temporeras de Huelva.
“PEOR QUE UN CAMPO DE REFUGIADOS”
En los campos de fresas andaluces, las mujeres se enfrentan a condiciones laborales paupérrimas, con mecanismos de control y manipulación que vulneran sus derechos humanos. Aunque también hay hombres en la plantilla, suelen ser ellas las contratadas para las campañas de plantación y recolección. Provenientes de lugares como Marruecos, Rumanía o Bulgaria, con frecuencia llegan a España desconociendo el idioma y sin una red de apoyo social, por lo que acaban viviendo alejadas de las zonas urbanas.
En un estudio realizado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el desarrollo (AACID) y por la ONGD Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), se identificaron cinco mecanismos de opresión dirigidos a las mujeres migrantes en los campos onubenses: control, manipulación, exclusión y manipulación por género. Desde este proyecto, afirman que todas estas situaciones tuvieron que soportarlas por el mero hecho de ser mujeres y extranjeras. Las denuncias por las condiciones laborales se vienen sucediendo desde principios de los 2000 y los testimonios que relatan incluyen insultos por parte de sus superiores, engaños, amenazas, falta de información y hasta abusos sexuales.
Fuera del trabajo, la vida de estas mujeres no mejora demasiado. Algunas viven en las propias fincas en las que trabajan o en casas cercanas a los campos, lo que les impide relacionarse con la población autóctona. En otros casos, residen en asentamientos de migrantes improvisados, sin acceso a agua corriente o electricidad. El relator de la ONU, Philip Alston, en su visita a España en 2020, afirmó que su situación era “peor que un campo de refugiados”.
Últimos acontecimientos como el incendio de un asentamiento chabolista en Huelva muestran, además, la poca atención que recibe este grupo de población por parte de las instituciones. Este poblado situado en Palos de la Frontera se quemó el pasado 19 de febrero, dejando a 400 personas en la calle. Si bien no hay razones para pensar que el incendio fuese provocado, el ayuntamiento dejó a la intemperie a todos los temporeros que allí residían, escudándose en que la gestión de los asentamientos de inmigrantes no era competencia municipal.
UNA DOBLE CARGA
Si las condiciones de la población migrante ya son duras, los peligros y riesgos se acentúan para las mujeres. Es necesaria no solo una mayor involucración de las instituciones con la comunidad inmigrante, sino políticas que apliquen la perspectiva de género para encontrar soluciones a todos aquellos problemas a los que estas mujeres hacen frente.
Autora: Lydia Hernández
Autor de la imagen: Ives Ives en Unsplash
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