El 1 de febrero de 2020 se produjo el famoso Brexit por el cual Reino Unido salía oficialmente de la Unión Europea rigiéndose su relación a partir de entonces por el Acuerdo Comercio y Cooperación. Ahora bien, ¿qué consecuencias puede traer esto en el ámbito de los derechos humanos y más específicamente en el derecho de asilo? Las consecuencias pueden ser nefastas, y, de hecho, ya se están manifestando.
La Unión Europea, y por ende todos los Estados miembros, mantiene una política común de asilo basada en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 31 de enero de 1967, que garantiza el derecho de asilo, la protección de los refugiados y el principio de no devolución, que prohíbe devolver a cualquier individuo a un territorio donde su vida o integridad física correo peligro. Sin embargo, dado que Reino Unido ya no forma parte de la UE, deja de estar sujeto a la misma, pudiendo crear una política de migración y asilo independiente de la europea. Pues bien, aquí se produce el punto de inflexión.
El pasado marzo de 2021, Reino Unido anunció el proyecto del que posiblemente será el nuevo sistema de asilo del país. Este nuevo sistema tomó como referencia la actual ley de migración y asilo australiana que ha sido repetidamente criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, por tanto, ya podemos hacernos una idea de las condiciones con las que se encontrarán los refugiados. Sin más preámbulos, veamos en que consiste esta nueva propuesta británica de asilo. Su principal característica consiste en hacer una clara diferencia entre aquellas personas que entren de manera legal e ilegal en el país, ya que estos últimos verán gravemente mermados sus derechos. En concreto:
- Serán detenidos indefinidamente en “centros de recepción”.
- No podrá optar a un derecho de residencia automático, sino un derecho de residencia temporal revisado cada 30 meses, pudiendo ser expulsado del país en cualquier momento.
- Verán limitados sus derechos de reunión familiar
- No tendrán derecho a ayudas públicas, salvo en casos de extrema pobreza.
Asimismo, se estipuló la posibilidad de expulsar a los solicitantes de asilo durante su tramitación, práctica expresamente prohibida por el principio de no devolución contemplado en el artículo 33.1 de la Convención. Por otro lado, también a imagen y semejanza de Australia, se contempló la posibilidad de establecer un centro de retención fuera de las fronteras de Reino Unido para aquellos solicitantes de asilo y refugio. Sin embargo, finalmente se abandonó la idea por considerarse “poco práctica y cara”.
Esta nueva política ha despertado la indignación de las organizaciones de derechos humanos, ya que hace una clara discriminación entre refugiados en base a su forma de entrar en el país, siendo inexistente esta diferenciación en el Convenio de Ginebra. Asimismo, la Cruz Roja ha tachado esta política como inhumana y varios abogados de derechos humanos afirman que está práctica resultaría ilegal al ignorar completamente las obligaciones establecidas por el Convenio de Ginebra.
“Si las personas llegan de manera ilegal, no tendrán los mismos derechos que aquellos que lo hacen legalmente, y les resultará más difícil quedarse. Hay que acabar con las rutas ilegales, facilitadas por delincuentes que trafican con personas para introducirlas por métodos que con frecuencia terminan en muertes”
Estas fueron algunas de las argumentaciones de Priti Patel, ministra de interior, en defensa de la nueva política de asilo, que vistas así, parecen razonables. Sin embargo, no toma en consideración que las personas que huyen por motivos de persecución, conflictos o que hayan podido escapar de las garras de los traficantes, no siempre disponen del tiempo o los mecanismos necesarios para entrar de manera legal en un país. Esta política de hecho alentará la confianza de los traficantes de seres humanos y desalentará a las víctimas para escapar, ya que, estás, lejos de poder encontrar un refugio y mejorar sus condiciones, se encontrará desamparada en un Estado que le negará protección y unas condiciones dignas.
En mayo de este año la propuesta será sometida a consulta pública, decidiéndose finalmente si se aprobará o no. No obstante, independientemente del resultado, resulta preocupante que países con una democracia plena como Reino Unido tome este tipo de decisiones mermando inminentemente los derechos humanos y el derecho de asilo. Actualmente la comunidad internacional está enfrentando una crisis humanitaria en países como Venezuela, Myanmar, Mali y Corea del Norte, y es en estos momentos dónde más debe prevalecer la solidaridad, la democracia, y el refuerzo de los derechos humanos.
Lamentablemente esta iniciativa de la mano del gobierno británico ha supuesto un paso atrás en la democracia británica, pudiéndose calificar como discriminatoria e inhumana.
Autora: Elena Andrea Agapescu
Autor de la imagen: Rocco Dipoppa en Unsplash
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