Los rohingyas son una minoría étnica musulmana originaria de Myanmar, sin embargo, la mayor parte de la comunidad se asienta en la región de Rakhine, situada en la parte este del país, haciendo frontera con Bangladesh. Rakhine cuenta con una población de 3.188.807 millones de habitantes (datos 2018), de los cuales 725.000 son rohingyas. Pese a esto, no son reconocidos como una etnia oficial del Estado, sino como inmigrantes ilegales provenientes de Bangladesh. Esta etnia es considerada por muchos expertos, la minoría étnica más perseguida del mundo y la población apátrida más grande que existe. Según la ONU, hay aproximadamente un millón y trescientos mil rohingyas en Myanmar, de los cuales aproximadamente 800 mil no tienen nacionalidad.

Esta situación se remonta a la época del colonialismo británico (1824-1948), en la cual se produjo una gran ola de migración de trabajadores hacia Myanmar proveniente de India y Bangladesh que fue considerada como interna. Sin embargo, es a partir de 1948, con la Independencia del país cuando el gobierno birmano incoa ciertas acciones coercitivas destinadas a los rohingyas. Este nuevo gobierno decide decretar a los rohingyas como inmigrantes ilegales, ya que su llegada se había producido bajo el dominio inglés, dominio condenado y deslegitimado por el gobierno.

Desde la Independencia de Myanmar hasta la actualidad los rohingyas han sido víctima de políticas discriminatorias que les prohíbe profesar el islam, celebrar bodas interreligiosas, tener más de dos hijos, acceder a servicios públicos o viajar dentro y fuera del país. Asimismo, son sometidos a trabajos forzosos, extorsiones y detenciones arbitrarias, por no mencionar que la Ley sobre Ciudadanía de 1982, todavía en vigor, les impidió obtener la ciudadanía.  Para hacernos una idea de la gravedad de esta situación, Myanmar ha violado varios tratados y convenios internacionales:

En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1945) privando a los rohingyas del derecho a la vida, libertad y a la seguridad, derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y derecho a una nacionalidad. En segundo lugar, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), siendo acusado Myanmar de crímenes de lesa humanidad y genocidio. En tercer lugar, la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992), que viene siendo la violación de los derechos anteriormente nombrados a esta minoría por su naturaleza étnica. En último lugar, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y Convención para la Reducción de los casos Apatridia (1961), que insta a los Estados a prevenir y poner fin a este fenómeno dentro de sus fronteras.

Décadas de violencia y represión hacia esta minoría étnica les ha obligado a emigrar en barcos y pateras con condiciones deplorables a los países fronterizos en los cuáles la mayoría de veces se les niega ayuda humanitario o asilo. Esta situación es muy delicada, puesto que, si son detenidos entrando de manera ilegal en países fronterizos como Bangladesh, que es el principal foco de migración, pueden ser encarcelados y sufrir largas condenas.

Desgraciadamente, esta etnia verá socavados sus derechos quizás décadas más debido a la incapacidad de los instrumentos jurídicos internacionales de ampararles, debido a que los mismos se ven mermados por el principio de soberanía nacional y la, a veces, ineficacia de las Naciones Unidas.

Autora: Elena Andrea Agapescu

Autor de la imagen: Hakan Nural en Unsplash

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