Distintas investigaciones aseguran la existencia de campos de reeducación en Xinjiang, donde miles de personas de etnia musulmana son encerradas y torturadas.

Xinjiang es una de las cinco regiones autónomas de la República Popular de China. Situada en el noroeste del país, cuenta con una población mayoritariamente musulmana, principalmente de la etnia uigur (45% de la población de Xinjiang). Esta región lleva sufriendo desde 2017 una política sistemática de represión basada en el control de natalidad y el internamiento en “campos de reeducación”. Las medidas del Gobierno chino alcanzan desde la implantación de DIU hasta la tortura y el adoctrinamiento, en lo que muchos han denominado genocidio cultural.

403 páginas describen la represión

En noviembre de 2019, el New York Times filtraba documentos internos del gobierno de China que mostraban los orígenes y la práctica de reclusión masiva contra un millón de uigures y otras minorías musulmanas. En sus 403 páginas se refleja cómo el Partido Comunista Chino  ordena tomar medidas contra los uigures con la intención de “romper su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y romper sus orígenes”.

China define estos campos de concentración como lugares benignos que proveen formación laboral y trabajan contra el extremismo religioso y el terrorismo”. Pero lo cierto es que se trata de centros de detención donde los prisioneros son sometidos a un fuerte adoctrinamiento.

Según describen los documentos oficiales, se debe llevar a los campos a cualquier persona que tuviese atuendo musulmán, a personas con familiares en alguno de los 26 países “sensibles” (Indonesia, Pakistán, Kazajistán, Turquía…) o personas que tuviesen una copia del Corán en casa. Allí, llevan a cabo actividades como recitar leyes y políticas del Partido Comunista Chino, o cantar el himno y otras canciones populares. Si fallan, se les niega la comida. Además, son obligados a renunciar a su religión y realizar sesiones de autocrítica, a la vez que informar sobre otros reclusos, familiares y vecinos. Los prisioneros viven en celdas abarrotadas, frecuentemente encadenados y sometidos a severos castigos físicos. Iniciativas como Uyghur Human Rights Project Project  recogen testimonios de exconvictos que describen constantes violaciones de los derechos humanos (“pensé que prefería morir que pasar por esta tortura y les supliqué que me matasen”).

Si bien el Gobierno defiende estos campos de reeducación y niega las acusaciones de violación de derechos humanos, aseguraba que los centros estaban siendo desmantelados. Sin embargo, una investigación del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) demuestra que su construcción ha aumentado. A través de imágenes-satélite, el ASPI ha registrado 380 campos de internamiento, de los cuales 14 siguen ampliando sus capacidades.

Un genocidio según las convenciones de la ONU

El internamiento en los “campos de reeducación” tal vez sea lo que más llama la atención, pero la represión del Gobierno chino va más allá. El antropólogo alemán Adrian Zenz, en una investigación con la Jamestown Foundation, demuestra que se haba estado financiando una campaña de esterilización forzada en contra de estas minorías.

Todo ello se reflejaba en documentos oficiales y censos poblacionales de la región de Xinjiang. Así, en 2018, el 80% de los DIU colocados en el país pertenecían a Xinjiang. Ese mismo año, la región tuvo alrededor de 7 veces más esterilizaciones per cápita que la media nacional. Esto ha hecho que el ratio de natalidad de la región haya bajado un 60% entre 2016 y 2018.

La cosa no se queda ahí: entre los años 2017 y 2018, en Xinjiang se ha sentenciado a unas 230.000 personas a prisión u otros castigos. Las detenciones se enfocan a hombres-cabeza de familia, generalmente por violar el control de natalidad impuesto por el Estado chino (no pueden tener más de tres hijos). “Con los líderes comunitarios, figuras de autoridad religiosas y los maridos eliminados, nada impidió que el Estado tomara el control de los sistemas reproductivos de las mujeres de estas minorías” explica Zenz.

La investigación del señor Zenz demostraría que los actos del Gobierno chino cumplen con al menos uno de los cinco criterios de genocidio reconocidos por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de la ONU: “medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo”. Si a ello se le suman las torturas de los centros y la vigilancia policial en la región de Xinjiang, no quedaría ninguna duda.

Hay un genocidio en China.

 

Autora: Lydia Hernandez Tellez 

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