Allá por febrero del pasado año, cuando ya se escuchaban ciertas voces advirtiendo de la llegada de la COVID-19, la resolución de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ocupó todas las portadas de los grandes medios españoles. “El TEDH avala las devoluciones en caliente de inmigrantes en Ceuta y Melilla”, era la noticia que llevaban esperando los Gobiernos españoles desde que se iniciaran estas prácticas en el año 2003. La incipiente evolución de la pandemia silenció esta y otras informaciones hasta que, el pasado mes de noviembre, la luz verde a estas prácticas vino también por parte del Tribunal Constitucional de España. La Justicia coincidía así con una mayoríade la opinión pública, ya que, según una encuesta deSociométrica para El Español, el 64,5% de la población se muestra a favor de las devoluciones en caliente. Pero ¿sabemos realmente en qué consisten dichos procedimientos?
En primer lugar, es imprescindible realizar un apunte teórico, pues en el caso de las entradas ilegales en Ceuta y Melilla el concepto no puede ser entendido como una devolución, sino como un rechazo en frontera.De acuerdo con la legislación española, el rechazo en frontera es una disposición que consiste en evitar la entrada irregular de un extranjero en el momento que intenta cruzar la frontera. Por tanto, solo podrá reconocerse como devolución cuando el inmigrante haya superado la valla interior del país, pues solo entonces se considerará que se ha producido una entrada ilegal efectiva mediante la cual el extranjero queda bajo la Ley de Extranjería de España.Sin embargo, estas precisiones legislativas no han sido más que una consecuencia de la propia evolución de la Política Exterior Española durante el siglo XXI.
Si nos remontamos a las etapas de gobierno de Aznar y Zapatero, sus posturas ante esta controversia fueron muy similares. Aun formando parte de vertientes ideológicas completamente alejadas, ambas administraciones se encargaron de desmentir estas prácticas de cara a la galería, mientras las realizaban en la clandestinidad. De este modo, no fue hasta el Gobierno de Mariano Rajoy cuando llegó el reconocimiento público de los rechazos en frontera. Tras las presiones de ONG como Prodein y de los medios de comunicación, el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió su existencia y el Gobierno procedió a poner en marcha una revisión de su legalidad, llegando a incluirlas en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, más conocida como la Ley Mordaza. Pese a que parecía que la dudosa moralidad de las políticas migratorias de estos Gobiernos terminaría con la llegada del Gobierno de Sánchez, la situación perdura sin apenas cambios. Lejos quedan ya medidas como el recibimiento del barco de Open Arms en puertos españoles o las promesas electorales de abolir las devoluciones en caliente y han sido sustituidas por declaraciones como “La Guardia Civil cumple la ley y cualquier cambio normativo será a escala europea”, emitidas por el Ministerio de Interior.
Como hemos comprobado, la solución española no ha llegado ni con unos, ni con otros, pero tampoco desde Europa, que se ha visto sumergida en numerosas contradicciones de sus propios tribunales. El 3 de octubre de 2017, el TEDH condenó a España por los rechazos en frontera de dos inmigrantes subsaharianos dado que, a consideración de este Tribunal, se habían vulnerado los Derechos Humanos (DDHH). En cambio, como se explicó al inicio, este año ese mismo Tribunal ha avalado la actuación de nuestro país. Cabe preguntarse entonces cuál es la posición del Consejo de Europa. Dicha institucióncritica duramente la actuación del Estado español. Además, denuncia que es el Estado Miembro que más demandas de asilo rechaza y propone la creación de un protocolo de actuación para los agentes. Sin embargo, en la práctica, ninguno de los instrumentos de protección internacional a los migrantes es efectivo y los demandantes de asilo quedan absolutamente desprotegidos ante este limbo administrativo.
En muchas ocasiones la ejecución de los procedimientos acaba siendo realizada por las instituciones marroquíes o, al menos, en cooperación con ellas. No es vano tampoco el debate que generan estas dinámicas hispano-marroquíes. Por ello, es necesario entender la estrategia exterior del país vecino para poder interpretar dichas relaciones. Con Nasser Bourita al frente de su política exterior, Marruecos desarrolla una doble postura en cuanto a materia migratoria. Por un lado, el rey Mohamed VI se posiciona desde 2013 en una política humanista, basada en las regularizaciones masivas de extranjeros y liderando la Unión Africana en materia migratoria. Por otro, y apoyados en su Ley sobre entrada y estancia de extranjeros en Marruecos, emigración e inmigración ilegales, llevan a cabo procedimientos cruentos, discriminatorios y represivos con el objetivo de reforzar el control de las fronteras del país.
¿Dónde se enmarca entonces la cooperación española? Se realiza a través de la Estrategia Nacional de Inmigración y de Asilo de Marruecos con la que, al igual que su aliado marroquí, España espera alcanzar dos metas. En primer lugar, una gestión ordenada y regulada de los migrantes en su suelo; en segundo, una mayor aceptación de las readmisiones de extranjeros entrados ilegalmente de acuerdo con el Convenio Bilateral de 1992.
Éticos o no, lo cierto es que los objetivos de todos los actores mencionados y sus instrumentos para alcanzarlos son legales, de acuerdo con las legislación española y europea. De hecho, ambas disponen de medios de protección y ayuda a los demandantes de asilo. Sin embargo, tienden a ser de difícil acceso y los migrantes se ven abocados a realizar entradas ilegales arriesgando sus vidas contra las estructuras de protección en las fronteras de Ceuta y Melilla. Asimismo, no debemos olvidar que estos migrantes huyen de sus países con el objetivo de poder alcanzar la otra orilla de la brecha de prosperidady que los rechazos en frontera son la gota que colma un vaso que empieza a llenarse a miles de kilómetros de la valla.
Por todo ello, el Gobierno de España debe combatir el problema desde la raíz y así conseguir evitar el drama humanitario de la huida y para esto es necesaria una mayor cooperación entre todos los agentes involucrados en el proceso para conseguir poner fin a varias décadas de desesperadas aventuras migratorias que han dejado ya decenas de vidas por el camino.
Autores: Javier Espinar Moreno, María González Fortes, Rubén González Tamarit, Cristina María Orellana Solares, Miguel Ángel Salazar Castañón
Autor de la imagen: Hedi Benyounes
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