Constantemente aparecen en nuestros televisores noticias sobre la llegada de pateras a las costas españolas. Intentan plasmar una realidad que cientos de personas se ven obligadas a vivir con la esperanza de una vida mejor en la ansiada Europa, aunque se olvidan del sufrimiento, inseguridad y abuso que sufren estas personas antes de embarcar. 

Largas travesías en camiones abarrotados, furgonetas e incluso a pie son el precedente de todo aquello que le queda por pasar a quien tiene la necesidad de huir de su casa y espera en asentamientos su oportunidad de echarse a la mar.  

Centrándonos en Marruecos, la situación se complica cada vez más. Para dar cierta explicación a este hecho – que no justificación –  hay que trasladarse a las ayudas destinadas a África que la Unión Europea aprobó en 2018 (el llamado Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África). Tras las negociaciones entre la Comisión Europea, España y Marruecos se acordó un paquete de millones de euros de los que surge la iniciativa por valor de 40 millones de euros con la idea de ayudar al desarrollo del sistema marroquí de gestión de fronteras y la lucha contra la trata de seres humanos (aunque estas ayudas no fueron las únicas). Además, no hay que dejar de lado la infructuosa Estrategia Nacional de Migración y Asilo marroquí aprobada en 2014, cuyo propósito era la integración de migrantes y que poco ha contribuido a mejorar su situación.

La controversia surge cuando este dinero es utilizado por Marruecos principalmente para endurecer las medidas policiales que llevan al empeoramiento de las condiciones de los migrantes.  En barrios tangerinos como Boukhalef o Mesnana donde los migrantes, antes de emprender la travesía por el Estrecho, podían encontrar cierto refugio a cambio de dinero en casas compartidas con condiciones bastante cuestionables, ahora estos llamados “hoteles patera” ya no son una opción. El aumento de redadas y control migratorio ha llevado a un incremento de la inseguridad y empeoramiento de las condiciones de vida. Estos migrantes se ven obligados a deambular por las calles, cambiando cada pocas horas de lugar con el fin de no ser descubiertos por la policía. Viven con miedo sabiendo que si los encuentran no sólo se aplicaría la ley nº 02-03, sino que el uso de la violencia y los robos por parte de la policía los dejaría aún más indefensos. 

La mencionada ley, aprobada en 2003, sirve de excusa para destinar a personas no documentadas y sin posibilidad de trabajar a otras ciudades del sur para, según se dice, protegerlos de las mafias. Esa es su forma de “dar solución” al problema de la inmigración irregular y la trata de personas. 

Sin embargo el mayor peligro no se da en las calles, sino en “el Bosque”, a las afueras de la ciudad de Tánger. Antes era la opción a la que se veían abocados aquellos que no tenían los recursos suficientes para pagar por un rincón en un “hotel patera”.  Ahora ésta se ha convertido en la última baza para todos aquellos que esperan su oportunidad de embarcar para Europa. En estos asentamientos las condiciones son aún peores: sin agua corriente, luz e incluso un techo en el que refugiarse, ya que muchos ni siquiera pueden hacerse con una lona para cubrirse. Aquí la tensión policial aumenta, incrementándose así la violencia e inseguridad. 

No hay que pasar por alto los abusos sexuales que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes ejercen sobre las mujeres migrantes, como expone la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su Informe de 2018.

Esta situación se ha extendido por el resto de puntos en Marruecos donde existe una mayor corriente de migrantes hacia el continente Europeo: las travesías tanto por mar como a través de las vallas de Ceuta y Melilla se han vuelto más peligrosas. Esto no sólo se debe a que las nuevas rutas son cada vez más complejas, sino también a lo difícil que es la supervivencia en los largos meses e incluso años que estas personas tienen que esperar para tener su oportunidad. A diario se enfrentan a ser detenidos y enviados a otras ciudades desde las que vuelven a repetir su viaje agotados y sin recursos.

Siguiendo lo expuesto en el Informe de 2015, CEAR recalca la utilidad geoestratégica que Marruecos da a la presencia de personas migrantes y refugiadas en su territorio, vendiéndose como un “país seguro”. Esto le sirve para un mayor acercamiento con España y la Unión Europea, beneficiándose así de mayores ventajas a cambio de su participación activa en la lucha contra la inmigración irregular. A pesar de su compromiso con esta causa, Marruecos no ha utilizado los fondos y ayudas mencionadas para proteger adecuadamente a estas personas. Por el contrario, ha llevado a cabo prácticas que vulneran los derechos humanos.

Todo esto desembocó en que, el 31 de agosto de 2018, se organizara una pequeña protesta ante el consulado de España en Tánger. Protesta que especialmente reivindicaba los derechos de personas migrantes subsaharianas tras el aumento de la represión por parte de las autoridades y los constantes desplazamientos a otras zonas en contra de su voluntad. No  consiguió el objetivo de captar la atención de Europa ni tuvo el impacto deseado, pero sí un total 150 detenidos. 

España parece ser la única en verse “beneficiada” de esta situación, ya que las medidas implementadas por Marruecos se han visto reflejadas en la caída del número de llegadas de migrantes a las costas españolas de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior. Aunque quizá su repercusión más clara es el hecho de que Marruecos ha cambiado su estatus como país de tránsito de migrantes para convertirse en un país de “destino a la fuerza”, donde cientos de personas se ven obligadas a permanecer en contra de su voluntad.

 

Autora: Cristina Mefre García

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