Muchas veces nos preguntamos qué es lo que puede hacer una sola persona, qué impacto pueden tener nuestros actos. Las respuestas suelen caer en el pesimismo, aceptando con resignación que lo que uno puede hacer en este mundo apenas tiene importancia. Pero en ocasiones, el mundo nos demuestra que una acción individual puede lograr grandes cambios. Este fue el caso de Cédric Herrou, agricultor francés cuyas acciones humanitarias lograron consagrar el principio de fraternidad.
El “delito de solidaridad”
Las infracciones del señor Herrou comenzaron en 2016. En este año, el agricultor trasladó a unas 200 personas desde Italia a Francia. Se trataba de inmigrantes africanos, en su mayoría eritreos y sudaneses, que entraban ilegalmente a territorio europeo. Herrou llegó con ellos hasta la localidad francesa de Saint-Dalmas-de-Tende, donde organizó un pequeño campamento de acogida. Estas acciones le costarían una multa de 3.000€ y una condena a 4 meses de cárcel. Ello no frenó al agricultor, que continuó acogiendo migrantes en su propiedad de Breil-sur-Roya (frontera con Italia). Fue sonada su detención el 24 de julio de 2017, en la estación de tren de Cannes. Acompañaba a 156 migrantes hasta Marsella, donde les ayudaría a presentar su demanda de asilo.
¿Qué normas incumplía el agricultor francés con sus actos? En ese momento, la justicia francesa perseguía a aquellos que alojaban o ayudaban a entrar y circular a alojaban inmigrantes ilegales. Esta infracción aparece por primera vez en un decreto-ley de 1938 sobre la policía de extranjeros. La infracción años después en el Código de entrada y estancia de extranjeros y del derecho al asilo (CEDESA), en su artículo L.622-1 (“toda persona que haya, de forma directa o indirecta, facilitado o intentado facilitar la entrada, circulación o estancia irregular de un extranjero en Francia será condenado a 5 años de cárcel y a una multa de 30.000 euros”). En 1995, comenzó a ser popularmente conocido como “delito de solidaridad”. El concepto lo creaba el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (GISTI por sus siglas en francés) y se refería al riesgo de los activistas u organizaciones de ser condenados por ayudar a un migrante.
Dado que el artículo de CEDESA buscaba luchar contra el tráfico de personas, se previeron diversas excepciones, como la inmunidad familiar o la inmunidad humanitaria. Esta última eximía de persecución a aquellas personas que ayudaban a los migrantes cuando su vida o integridad física estaba amenazada por un peligro inminente.
El principio de fraternidad
Tras varias detenciones y registros, Cédric Herrou se enfrentó al Consejo Constitucional francés. Presentó un requerimiento exigiendo la abolición del delito de solidaridad. Mientras, seguía librando batallas judiciales por sus actos.
En julio de 2018, el Consejo Constitucional falló a favor de Herrou, dictaminado que “las personas que ayuden de manera desinteresada a los sin papeles en territorio francés estarán actuando legalmente”. De este modo, se consagró el llamado principio de fraternidad como valor constitucional, por el que se entiende, según explicaron los miembros del Consejo, “la libertad de ayudar al prójimo, con un objetivo humanitario, sin consideración de la regularidad de su estancia en el territorio nacional”. El fallo del Constitucional, además, obligó a cambiar la ley migratoria antes de que acabase el año.
La lucha judicial de Herrou continuó tres años más hasta ser exculpado finalmente el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal Supremo rechazó el último recurso en contra del agricultor.
Gracias a Herrou, ayudar a un ser humano ha dejado de ser delito en Francia.
Autora: Lydia Hernández Tellez
Autor de la imagen: Bill Oxford en Unsplash
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