La violencia obliga a desplazarse a más de 200.000 personas.
Después de casi ocho años de conflicto, el pasado 27 de diciembre se celebraron las elecciones presidenciales y parlamentarias en la República Centroafricana (RCA), con el objetivo de consolidar la democracia, y la esperanza de, una vez por todas, avanzar hacia la paz y la estabilidad. No obstante, el resultado no pudo ser más opuesto, pues los comicios han precipitado una crisis nacional que ha sumido a la población civil del país en una nueva emergencia humanitaria. En febrero de 2019, el Gobierno de la RCA firmó un acuerdo de paz con los principales grupos armados en el país, Seleka y Anti-balaka, lo que supuso un atisbo de esperanza para un Estado que pretendía convertir la persistente violencia en algo del pasado. Dos años después, la paz en la República Centroafricana continúa siendo una ficción.
Este nuevo estallido de violencia ha sido resultado de la decisión del Tribunal Constitucional a comienzos de diciembre de excluir al expresidente François Bozizé, quien gobernó el país entre 2003 y 2013, de dichas elecciones. Como consecuencia, Bozizé firmó un acuerdo con Seleka, el grupo insurgente responsable de la rebelión armada que le echó del poder, creando la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) y declarando la guerra al Gobierno, lo que puso fin a los acuerdos de paz de 2019. Tras la victoria, con el donde 54% de los votos, del actual presidente Faustin Archange-Touadéra, los rebeldes lanzaron una ofensiva sobre la ciudad de Bangui, que fracasó gracias a los soldados de Minusca (Misión de Naciones Unidas para Centroáfrica), de mercenarios rusos, y de tropas ruandesas en apoyo al Gobierno.
Ante la imposibilidad de tomar la ciudad, el conflicto se encuentra en punto muerto. Los insurgentes han bloqueado los accesos a Bangui, impidiendo la llegada de suministros, lo que ha causado un aumento de los precios de los productos básicos, asfixiando la capital y a su población. Ante los intentos fallidos de las Fuerzas Armadas de contraatacar, la República Centroafricana se ha sumido en una situación inhumana. Más allá de la violencia y la inestabilidad, cientos de personas mueren en la RCA debido a malnutrición, diarrea, tuberculosis, VIH o dando a luz. Todas éstas evitables, si la paz y la estabilidad hubiese sido una realidad para el país, y no una quimera.
Según un informe publicado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados publicado este enero, la crisis humanitaria en el país ha forzado a más de 200.000 personas a huir de sus hogares en menos de dos meses, enfrentándose a unas terribles condiciones de vida. La gran mayoría de estos hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes se han desplazado internamente, mientras que el resto huyeron a la República Democrática del Congo, Camerún, Chad y la República del Congo, Estados que también se encuentran relativamente abatidos por la inestabilidad socioeconómica. Boris Cheshirkov, portavoz de ACNUR, reconoció que la respuesta humanitaria ha resultado muy complicada, especialmente debido a la presencia de grupos armados en las localidades donde se refugian las comunidades desplazadas como Batangafo y Bria.
Lo que está ocurriendo en la República Centroafricana no es sólo una violación del Derecho Internacional Humanitario, sino una flagrante vulneración de los Derechos Humanos de miles de personas. Estos factores sitúan a la población desplazada en una posición de especial vulnerabilidad, exponiéndoles no sólo a la violencia, sino también a amenazas, extorsión, restricciones de movimiento y la posibilidad de ser reclutados forzosamente o secuestrados para la explotación o trata por redes criminales. La situación en la RCA requiere de una respuesta humanitaria urgente, sin embargo, las necesidades de financiación apenas están cubiertas. En este momento tan crucial, la comunidad internacional debe movilizar los recursos necesarios y centrar los esfuerzos, ante todo, en ayudar y proteger a la población.
Autora: María Almela
Autor de la imagen: Pixpoetry en Unsplash
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